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INFOUCV | ¿Por solo $6000?

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Cristina Kirchner, presidenta interina

El jefe de nuestra mafia criolla será condenado no solo por beneficiarse personalmente de dinero que aportaban empresas constructoras a cambio de recibir contratos públicos –la típica fórmula del soborno político que es tan usada lamentablemente en el mundo moderno –sino que sobre él pesa la responsabilidad de haber formado parte, mejor dicho de ser la cabeza de una organización criminal que recibió de tales contratistas unos 35 millones de dólares para financiar a su organización política. El cohecho es un delito gravísimo. Es una forma de robarles a los ciudadanos sus dineros. Pero el cohecho adquiere mayor peligrosidad e inflige un mayor daño cuando toma forma de una organización que vino creada desde la cúspide del poder estatal del Ecuador – el presidente de la República y su despacho, incluyendo su asistente personal, su asesor favorito y el vicepresidente –todo lo cual le imprimía a esa organización un sello de la  auctoritas  pública y una garantía de impunidad

Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

En su desesperación, luego de ser llamado a juicio penal, el jefe de la mafia que nos gobernara por más de una década ha optado por propalar la tesis de que lo único que le han probado es que “prestó” $6000 del fondo de las coimas que manejaba su asistente personal –tan corto de dinero andaba el pobrecito–, fondos que luego dice haberlos devuelto. Todo esto como para decirnos que no hay pruebas de delito alguno en su contra y que todo es un montaje de sus enemigos. Curiosamente, este era uno de los argumentos que más esgrimió en su defensa Al Capone, el famoso jefe de otra organización criminal que se parecía mucho a la creada en el Palacio de Carondelet.

El jefe de nuestra mafia criolla será condenado no solo por beneficiarse personalmente de dinero que aportaban empresas constructoras a cambio de recibir contratos públicos –la típica fórmula del soborno político que es tan usada lamentablemente en el mundo moderno –sino que sobre él pesa la responsabilidad de haber formado parte, mejor dicho de ser la cabeza de una organización criminal que recibió de tales contratistas unos 35 millones de dólares para financiar a su organización política. El cohecho es un delito gravísimo. Es una forma de robarles a los ciudadanos sus dineros. Pero el cohecho adquiere mayor peligrosidad e inflige un mayor daño cuando toma forma de una organización que vino creada desde la cúspide del poder estatal del Ecuador – el presidente de la República y su despacho, incluyendo su asistente personal, su asesor favorito y el vicepresidente –todo lo cual le imprimía a esa organización un sello de la  auctoritas  pública y una garantía de impunidad.

El art. 2 (a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional trae una definición de crimen organizado que da luces sobre este fenómeno delictivo. Dice dicho artículo que “por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (…) con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Eso es precisamente lo que tuvimos en nuestro país por una década. Un sistema organizado de corrupción que habría sido imposible que funcione sin la aquiescencia, participación o al menos conocimiento de altos funcionarios del Estado. Sin ellos esa red de crimen organizado simplemente no habría funcionado. Fueron agentes necesarios e imprescindibles. De allí que suene ridícula aquella otra narrativa de que “yo no lo sabía”, “yo no estuve”, “yo no los conozco” o peor eso de echarle toda la responsabilidad a una asistente personal del presidente.

Y es por esto por lo que toda la pandilla correísta debe ser sancionada y sentenciada con todo el rigor de la ley, y quedar proscrita de toda actividad política. Y que no nos quieran ver la cara con el cuento de que solo fueron $6000.(O)