A un mes de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Venezuela atraviesa una etapa de transición política supervisada, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Su gobierno impulsa una Ley de Amnistía orientada a la reconciliación nacional, iniciativa que ha sido bien recibida por la Unión Europea, aunque organizaciones de derechos humanos y el movimiento estudiantil exigen liberaciones plenas, sin condiciones ni exclusiones arbitrarias, y mayor transparencia en su aplicación.
A un mes de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Venezuela atraviesa una etapa de transición política supervisada, encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Su gobierno impulsa una Ley de Amnistía orientada a la reconciliación nacional, iniciativa que ha sido bien recibida por la Unión Europea, aunque organizaciones de derechos humanos y el movimiento estudiantil exigen liberaciones plenas, sin condiciones ni exclusiones arbitrarias, y mayor transparencia en su aplicación.
En el plano interno, persisten denuncias por acoso a la prensa, censura y detenciones arbitrarias de periodistas, según reportes del Colegio Nacional de Periodistas y ONG como Provea. Aunque se han producido excarcelaciones parciales, todavía permanecen cientos de presos políticos bajo medidas restrictivas, lo que mantiene la presión social y las protestas estudiantiles en Caracas.
En el ámbito económico y energético, el gobierno interino ha avanzado en una reforma petrolera que permite la inversión extranjera y facilita la flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos. Esto ha reactivado la venta de crudo, generado ingresos supervisados internacionalmente y favorecido el restablecimiento de relaciones diplomáticas con países como Italia y República Dominicana, además de un acercamiento formal con Washington.
A nivel internacional, Amnistía Internacional cuestionó la legalidad de la operación militar que condujo a la captura de Maduro, calificándola como un uso ilegal de la fuerza, aunque reiteró la necesidad de que no haya impunidad por crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, continúa el proceso judicial contra el exmandatario en Nueva York.
El escenario regional se completa con la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, centrada en la estabilidad venezolana y la lucha conjunta contra el narcotráfico. Aunque no se anunciaron acuerdos formales, el encuentro sirvió para normalizar el diálogo bilateral y discutir el papel de Colombia en una eventual recuperación energética y de seguridad en la región.
En conjunto, las fuentes describen una Venezuela en fase de estabilización, con avances diplomáticos y económicos relevantes, pero aún marcada por tensiones internas, demandas sociales pendientes y un proceso de transición política que sigue abierto y condicionado.
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